«La Plataforma, el documental», de Jon Herranz; posición cívica frente a los desahucios inmobiliarios
La décima edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona fue inaugurada con una película que documenta el porqué de las acciones y también las razones de existir de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, un numeroso grupo de españoles que luchan por lograr que se imponga la legalidad, la justicia y el sentido común, y que en el momento de escribir esta crónica han logrado ya paralizar 654 desahucios.
El director Jon Herranz junto con el cámara Gerard Peris editaron los cientos de imágenes que habían captado y el resultado es un trabajo que se inscribe dentro del lenguaje dinámico del documental de actualidad intercalando algunas protestas frente a entidades bancarias, casos particulares de desesperación y testimonios de especialistas como jueces, doctores en derecho, antropólogos, expertos en sanidad, activistas por el derecho a la vivienda o la Relatora Especial de las Naciones Unidas por una vivienda adecuada.
Partiendo de la base de que la Historia nos enseña que los derechos se conquistan y son el producto de la presión social, la portavoz de la Plataforma, Ada Colau, recibió un premio de este Festival que está arropado por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Survival International.
La Plataforma inició sus actividades en febrero de 2009 aunque la iniciativa es anterior, de un trabajo previo de un grupo de personas que llevaban tiempo luchando antes de la crisis por el derecho a la vivienda para todos los habitantes del territorio español denunciando la mercantilización de las construcciones y la burbuja inmobiliaria.
Los realizadores del documental han pretendido ofrecer una herramienta que «favorezca el debate, aclare los derechos que asisten a la ciudadanía y deshaga los equívocos que la información interesada ha impregnado en la sociedad». Desde el inicio de la crisis se han ejecutado en España más de 350.000 desahucios, más de medio millón de personas viven amenazadas con perder su casa y se calcula que en los próximos años se superará el millón de ejecuciones de sentencias.
El problema no sólo afecta a los propietarios de los inmuebles que no pueden pagar, sino también a los avaladores, habitualmente del entorno familiar. Casi todos ellos desconocían la posibilidad de verse involucrados en estos problemas cuando suscribieron las hipotecas y percibían al director de la oficina bancaria, no como el vendedor de dinero que es, sino como un amigo que en caso de problemas te iba a ayudar.
Nada más lejos de la realidad. Con la llegada de la crisis a Europa, las cosas cambiaron, los hipotecados comenzaron a dejar de pagar las cuotas y las entidades bancarias aplicaron la norma hipotecaria que legítimamente les atribuye la posibilidad de adjudicarse la propiedad en una subasta por el sesenta por ciento de su valor de tasación inicial y reclamarles el 40% restante a los clientes, es decir, que además de perder su hogar y ser echados a la calle, todavía le deben al banco ese tanto por ciento del valor tasado.
Según dice Ada Colau, «desde la Administración se ha impulsado el acceso a la vivienda a través del mercado libre. España es de los países que ha hecho menos vivienda pública; además se ha apoyado que fuera a través del sobreendeudamiento de hipoteca y no a través del alquiler, del cooperativismo o de otras formas de tenencia como existen en el resto de Europa y todo eso nos ha llevado a donde nos ha llevado». La dación en pago que supondría saldar la deuda con la entrega de las llaves al banco es una práctica habitual en algunos países anglosajones, pero en España no ha sido aceptada globalmente y solo se ha ofrecido por los bancos en algunos casos.
El artículo 47 de la Constitución Española dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
Santiago Vidal, magistrado y juez
Marco Aparicio, Doctor en Derecho y profesor universitario de Derecho Constitucional aclara dentro del documental que «ante esa inmoralidad ejemplificada en la especulación financiera inmobiliaria y la cuestión de la vivienda, una plataforma como la PAH pone de manifiesto con claridad la ilegitimidad de esa construcción. Por un lado está lo legítimo y por otro lo legal. Desde la legalidad es defendible como mínimo que la Constitución impide que exista una legislación que permita la especulación. Eso está constitucionalmente establecido en el artículo 47».
«La Plataforma, el documental» retrata las causas estructurales que han llevado a la explosión de la crisis hipotecaria, así como sus consecuencias económicas y especialmente humanas cuando los afectados se convierten en agentes sociales activos a través de sus reivindicaciones.
©José Luis García/Cinestel.com
