«La Tinta Negra» de Sebastián Arabia, un país que no resuelve del todo su pasado…

«La Ley, escrita con tinta negra sobre papel blanco, puede llegar a ser el arma más contundente contra la injusticia. Es el hombre quien la engrandece o la pervierte».
Este documental es una radiografía del llamado caso Garzón y los crímenes del franquismo en los que se analiza con riguroso criterio profesional uno de los casos judiciales más polémicos de la historia de la democracia española y que desencadenó un escándalo nacional e internacional a raíz de la imputación a Garzón por parte del Tribunal Supremo por un supuesto delito de prevaricación (dictaminar algo arbitrariamente) al abrir dicha investigación.
Como si de un thriller se tratase, y partiendo de los propios Autos judiciales del juez Garzón, «La Tinta Negra» retrata de manera exhaustiva y cronológica todos los hechos y datos que acontecieron en el caso, y que terminó con la suspensión del juez Garzón y la consiguiente paralización del caso.
La tipificación de los crímenes de lesa humanidad queda bien expresada en el documental cuando se dan cuenta de todos los puntos de vista, a favor y en contra, al respecto.
Los delitos de desaparición forzosa nunca prescriben pese a los intentos de quienes defienden a los franquistas de que se estime cómo estaban tipificados en el momento de su comisión o que se reduzca a que hubo una «intencionalidad política».
Sin embargo, llama poderosamente la atención el hecho de que para sostener la argumentación de quienes defienden las prácticas del juez Garzón con el fin de tratar de esclarecer los hechos y cerrar definitivamente estas heridas del pasado que todavía hoy continúan abiertas, el realizador del documental solamente haya podido recurrir a reconocidos juristas españoles que ya están jubilados: José Antonio Martín Pallín dejará de ser magistrado emérito del Tribunal Supremo tras haberse jubilado en el año 2002 y Carlos Jiménez Villarejo fue cesado en el año 2003 como Fiscal Anticorrupción y optó por solicitar la jubilación voluntaria siendo en aquellos momentos el número uno en el escalafón de la carrera fiscal en España.
Ningún magistrado actualmente en ejercicio aparece en «La Tinta Negra», ni siquiera los tres de la Audiencia Nacional que se ofrecieron a declarar como testigos de la defensa en favor de Garzón pero cuyo testimonio fue rechazado. La Fiscalía General del Estado no respondió a los escritos que le dirigió Sebastián Arabia por si querían participar así como tampoco el Fiscal Javier Zaragoza, que en su momento apoyó algunas de las argumentaciones de los querellantes contra el juez Garzón.
Jiménez Villarejo explica en el documental por qué, a su juicio, la Ley de Amnistía «hace un análisis deliberadamente erróneo» e impide la persecución fiscal al tiempo que recuerda que España firmó el Pacto Internacional de Derechos Políticos.
Respecto a la Ley de Memoria Histórica de 2008, los juristas y afectados recuerdan que una ley administrativa no puede impedir el proceso a un delito penal y subrayan que ésta delega en los familiares la labor de búsqueda de los restos ofreciéndoles una subvención para ello, lo cual consideran una aberración. La subvención no incluye servicios jurídicos ni pruebas de ADN.
Si bien la película está contada de una manera comprensible, con testimonios de afectados por las desapariciones forzadas y el robo de niños así como del abogado argentino Carlos Slepoy, Arabia hace en un momento determinado un rebobinado hacia unos tramos concretos de lo que hemos escuchado para a continuación sorprendernos con la declaración de Miguel Bernad, un representante del sindicato querellante Manos Limpias, quien intenta establecer paralelismos entre lo sucedido en las cunetas de numerosos caminos y carreteras españolas con los crímenes de Paracuellos del Jarama cometidos por el bando republicano cuya consideración como delitos de lesa humanidad fue rechazada por Garzón al tiempo que consideraba que éstos ya habían sido investigados por la justicia franquista, las víctimas, identificadas y sus familiares, resarcidos.
El abogado incurre, según el director del documental, en algunas contradicciones cuando sostiene que Garzón habría alegado la existencia de la Ley de Amnistía de 1977 como impedimento para aceptar la querella de Paracuellos a trámite.
Arabia no encontró ninguna referencia a este tema en la lectura de los escritos del juez.
Las víctimas de la represión franquista solicitan conocer la verdad, saber quién o quienes fueron los responsables de estos atropellos, que se articule una reparación y que se haga justicia.
Tras la inhibición del juez Garzón, la gran mayoría de casos han sido archivados en juzgados de instrucción ordinarios. Ha habido incluso jueces que lo han considerado como un «tema arqueológico».
Dos magistrados devolvieron la causa argumentando su coincidencia con los razonamientos de Garzón pero años después todavía no se ha adoptado ninguna resolución al respecto.
Actualmente no existe en España investigación judicial alguna. A pesar de ello, el 14 de abril de 2010 el gobierno español respondió a la pregunta de un tribunal argentino de si se estaba investigando, remitiéndole copias de las actuaciones de Garzón.
Algunos meses antes, el 25 de junio de 2009, el Congreso de los Diputados aprobaba limitar la jurisdicción penal de la Audiencia Nacional de modo que solo se podrán juzgar delitos de lesa humanidad cuando se trate de víctimas españolas, intereses españoles o se acredite un vínculo de conexión relevante con España. Bajo esta nueva normativa jurídica, hoy en día sería imposible juzgar a Pinochet en España, por ejemplo.
El documental ha sido estrenado por la productora en Internet en el sitio web de pago filmin.es