Cine argentino: el gobierno de Javier Milei descompone el INCAA
El Instituto Nacional del Cine y las Artes Audiovisuales dejaría de ser un ente autárquico si prosperase en el Congreso de la Nación argentina el proyecto de ley ómnibus que el ultraderechista Javier Milei, recién nombrado jefe de Estado, envió para su tramitación a partir del 25 de enero de 2024.
En el texto que se recibió en la Cámara de Diputados se propone una severa desfinanciación de la industria del cine argentino, además de suprimir definitivamente el Fondo Nacional de las Artes y los Institutos Nacionales del Teatro y la Música.
Todos los sectores artísticos se han movilizado en el país y acabamos de asistir a la gran Asamblea inicial de Unidxs por la Cultura, donde se habilitaron las distintas comisiones territoriales que trabajarán para presentar propuestas a los legisladores tendentes a revertir lo que consideran un auténtico disparate.
Entre las reformas que el ejecutivo ultraliberal propone se encuentra la de sustituir la figura del Presidente del INCAA por la de un Director General que estaría adscripto a una Secretaría de Cultura dependiente de la Presidencia de la Nación. El Instituto funcionaría como un ente público no estatal y se desfinanciaría el Fondo de Fomento Cinematográfico que sostiene en parte a la industria del cine, es decir, las televisoras dejarían de pagar el canon que hasta ahora se está ingresando como aportes al ENACOM, aunque se mantendría el impuesto del diez por ciento a las entradas al cine, eliminando a su vez otro impuesto del diez por ciento recaudado sobre el precio de venta o locación de todo tipo de videograma grabado, siendo la ausencia de todos esos recursos suplida por lo que decidieran los diputados a la hora de elaborar el Presupuesto Nacional de cada ejercicio.
El proyecto de ley ya remitido propone cerrar la ENERC, que es la única escuela de cine enteramente pública de toda América Latina, y eliminar la cuota de pantalla nacional que fijaba los porcentajes obligatorios de exhibición para el cine argentino. Asimismo, se reduciría de once a ocho el numero de integrantes del Consejo Asesor del INCAA, que serían designados a dedo por el nuevo Director, y una productora con un proyecto nunca podría asociarse con otra que tuviera un subsidio en actividad, lo cual reduce significativamente la diversidad y la democratización de la actividad cinematográfica. Además, también se pretende derogar toda la normativa actual de regulación del mercado de distribución y exhibición.
Y abundando en el tema del Consejo Asesor, también deja perplejo a cualquiera leer que los futuros miembros del comité de selección ya no tendrían que ser obligatoriamente personalidades de la cultura, la cinematografía y las artes audiovisuales, sino que podría ser cualquier persona quien ocupara ese puesto sin tener que acreditar conocimientos previos sobre aquellos temas que se tratan en todas y cada una de sus reuniones.
El proyecto de ley también busca derogar las atribuciones que la Asamblea Federal del INCAA tiene para proteger y fomentar los espacios culturales dedicados a la exhibición audiovisual y la preservación de salas de cine, la reglamentación de la propaganda comercial filmada y la proyección de placas en las funciones cinematográficas, así como la posibilidad de promover y fomentar la producción cinematográfica regionalmente.
Asimismo también deroga la atribución que el Director General (hasta ahora, Presidente) tenía para realizar y convenir producciones con organismos del Estado, mixtos o privados, como por ejemplo aquellas que se realizaron a propósito de los juicios de lesa humanidad contra miembros de la dictadura cívico-militar y muchas otras. E igualmente se impide que los ministerios y otros organismos públicos puedan contratar por su cuenta a productoras para la realización de cortometrajes relacionados con su actividad pública.
Pero la lista de modificaciones es muy amplia y entre ellas también encontramos la apertura de la posibilidad de financiar producciones extranjeras que se rueden en Argentina, sin la necesidad de que sean habladas en castellano; fijar un límite de gastos de personal y de funcionamiento del Instituto de Cine en un controvertido 25%, lo que supondría el despido de una gran parte de la plantilla de trabajadores; establecer un mínimo del 50% del presupuesto anual para ser afectado al otorgamiento de subsidios a la exhibición y producción de películas nacionales; y determinar que los créditos que se otorgarían no serían de fomento sino en condiciones de mercado, mucho más caros y difíciles de retornar por las probables altas tasas de interés, a no ser que las productores peregrinen banco por banco en busca de las mejores condiciones económicas posibles.
Por otro lado, para facilitar el paso y co-financiación de otras películas extranjeras, como podría ser las de Hollywood, el proyecto de ley quiere derogar la necesidad de que las películas que sean subsidiadas contribuyan al desarrollo de la cinematografía nacional en lo cultural, artístico, técnico e industrial, aparte de que también se suprime la posibilidad de clasificar películas como de interés especial para la población argentina, como hasta ahora se hacía con aquellas que tuvieran relevantes valores morales, sociales, educativos o nacionales, las destinadas a la infancia y las que alcanzaran indudable jerarquía artística.
Y por último cabe destacar otra medida extraña y chocante, la que derogaría, según el proyecto remitido al Congreso, la obligatoriedad del INCAA de llevar un registro de empresas productoras, exhibidoras, distribuidoras, editoras, etc, y la necesidad de estar inscriptos en ese registro para actuar en el sector. El conjunto de la propuesta remitida por este nuevo gobierno que comenzó su actividad a golpe de decreto se debatirá en la Cámara de Diputados argentina.
©José Luis García/Cinestel.com
