Encuentro por el cine argentino y los recursos desde el Estado
Urge una solución para la caducidad del fondo de Fomento Cinematográfico de la Argentina. En diciembre de 2017 el Poder Ejecutivo en el marco de la aprobación del Presupuesto General para 2018, se incluyó entre los incisos del artículo 4° por primera vez un plazo de vencimiento a la asignación específica de fondos para sostener producciones audiovisuales, además de modificar también las asignaciones especificas al Instituto Nacional del Teatro (INT), al Instituto Nacional de la Música (INAMU) y a bibliotecas populares de todo el país y a la Defensoría del Pueblo.
La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina organizó en el Auditorio del Anexo del Senado de la Nación el primer Encuentro por el Cine y los Recursos desde el Estado para debatir este tema que deberá ser arreglado antes de que este año acabe.
Tras la modificatoria de la Ley de Cine N° 17741 en el año 1994, toda la red audiovisual que envuelve a la cinematografía nacional pasó a ser coordinada por el INCAA como ente autárquico, organismo que pasó a desempeñar dos funciones esenciales: el fomento y la regulación de la actividad cinematográfica (tanto la producción como la exhibición y la comercialización de las películas nacionales y extranjeras).
La Ley 17741 (t.o.2001) establece que el fondo de fomento se nutre principalmente de dos impuestos: uno a la exhibición en salas, a cargo del espectador, y otro proveniente de lo recaudado por el ENACOM, a cargo de los licenciatarios, entre otros ingresos como donaciones o recupero en la devolución de créditos a la producción y el alquiler de videos. El sector audiovisual es el que más puestos de trabajo genera en el espectro de actividades culturales del país.
El gran problema
¿Qué ocurrirá en diciembre de este año? Pues que de no derogarse estos incisos o prorrogarse el plazo establecido para diciembre de 2022 los gravámenes seguirán existiendo, pero ingresarán en adelante a las “Rentas generales” del Estado y no de forma directa al Fondo de Fomento Cinematográfico. El INCAA quedaría sin recursos propios para funcionar, dependiendo de lo que cada año se le asigne en la Ley de Presupuesto y perdiendo su carácter de autarquía definido en su ley fundante.
Bajo esta premisa, el desarrollo de la industria y la soberanía audiovisual se encuentra en la encrucijada; por eso la Academia del Cine convocó en un evento al Licenciado Diego Rossi, en representación del diputado Pablo Carro, principal impulsor en el Congreso de la Nación de la modificación del Artículo 4º de la Ley 27.432 en torno a los cambios sobre asignación específica de impuestos nacionales coparticipables; a Vanessa Ragone, presidenta de CAIC (Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica); a Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); y a Jorge Álvarez, vicepresidente de la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de Córdoba y director de Polo Audiovisual cordobés.
Lo que se reclama es que el gobierno actúe consecuentemente durante estos meses con el fin de que la imposición de un tope de cinco años para la validez de esa norma no tenga lugar y, de este modo, la Ley de Cine continúe operando como lo hizo en las décadas anteriores.
El Debate de la Academia
Gustavo López (ENACOM) resumió el fondo de la cuestión diciendo que “esto tiene que ver con un problema de identidad y otro constitutivo del Estado”, pues él cree que quienes controlan los propósitos de un país deben de tener “la capacidad de crear un conjunto de símbolos que le dé unidad conceptual a ese Estado, y ese conjunto de símbolos es la cultura”, cuestión que consideró esencial en un mundo globalizado.
Según Vanessa Ragone, la exportación de servicios que ahora se está produciendo mediante el rodaje de filmes y series por parte de plataformas digitales internacionales en Argentina, puede llegar a socavar a medio plazo tanto la capacidad que el Estado tiene de seguir garantizando un cine nacional independiente, como la formación y promoción de nuevos realizadores. “La historia de Maradona es ahora de Amazon y la de Bilardo, de HBO Max”, dijo la conocida productora de cine, para quien “lo privado no debe reemplazar el rol del Estado en relación al ámbito cultural. Hasta los Estados Unidos tienen ayudas públicas sectoriales”.
En ese sentido, Diego Rossi enfatizó la necesidad de que lo que siga sea gravar impositivamente a las plataformas digitales, mientras que el director del Polo Audiovisual Córdoba quiso poner en valor esa relación porque considera que esas plataformas fortalecen a las productoras cordobesas “y ya no están pendientes del subsidio que pueda venir del Gobierno de Córdoba o del INCAA”. Según él, las administraciones públicas no deberían de priorizar la producción, sino que también tendrían que fijarse en otros campos como el marketing y la exhibición, con la intención de “no permitir que sean las plataformas quienes sigan manejando la agenda”.
“No hemos inventado la pólvora”
“El concepto de diversidad cultural es un gran avance de la humanidad porque es el reconocimiento de las diferencias, pero para ser iguales. Somos iguales a partir del reconocimiento de mi derecho a ser diferente. Y a partir de tener mi propia identidad y mi diferencia, soy igual al otro que tiene el mismo derecho a tener su identidad y ser diferente”, destacó Gustavo López, siendo una idea apoyada por todos los países del mundo, excepto dos, en la sede de la UNESCO para dar lugar a que todos los países puedan tener su propia legislación. “No hemos inventado la pólvora” -apostilló-.
El autodenominado ‘gestor de la cultura con el corazón puesto en el audiovisual’, Jorge Álvarez, -muy conocido en Buenos Aires por haber trabajado como funcionario estatal, aunque ahora desempeña otras tareas en Córdoba- especificaba durante el debate la necesidad de que Argentina cuente urgentemente con un cuerpo normativo integral y general “que entienda las circunstancias distintas, los avances de la tecnología,… Ortega y Gasset decía: ‘El hombre es él y sus circunstancias’; y ahora las circunstancias cambiaron”.
Álvarez también subrayó que “la Ley nacional de cine es una norma que fue muy referencial y una de las leyes más avanzadas. Una jurisprudencia que se discutió en España cuando se quería trabajar la ley de cine española. O sea, la ley argentina fue de avanzada, pero ya fue… porque el mundo cambió”. Y en ese sentido, Gustavo López estuvo conforme con que, una vez se solucione la cuestión de la caducidad, se debería de abordar un cambio legislativo orientado hacia las nuevas tecnologías y los nuevos consumos culturales que ellas generan. “La actual legislación estuvo pensada para un mundo que ya no es”, -ratificó el funcionario-.
“Sin este financiamiento se cae todo lo demás”
Y siguiendo con el tema de las plataformas, López quiso dejar claro que a su juicio “solamente gravar esa actividad no alcanza, sino que el gravamen debe ser compensado con producción. Europa ya lo está haciendo y me parece que nosotros deberíamos de tomar parte de ello para nosotros también hacer lo nuestro, teniendo la cuota de pantalla o la carta de menú, es decir, que aparezcan como oferta (en las plataformas digitales) las producciones nacionales antes que las producciones extranjeras, para seguir fortaleciendo la producción cultural en la Argentina”.
Es necesario destacar, por último, que es un consenso en el sector audiovisual el hecho de que la derogación de la normativa vigente es un asunto prioritario y urgente. Gustavo López (ENACOM) fue rotundo: “¡Saquemos esto porque es la madre de todo. Sin este financiamiento se cae todo lo demás!”.
©José Luis García/Cinestel.com
Noticia relacionada: Cine Argentino: ¿Es necesaria una nueva Ley Audiovisual? (Debate)
